INGIENERÍA GENÉTICA DE PLANTAS

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y TERCER MUNDO .-

1. Países con poco interés, instalaciones e implicación (como Bangladesh, Burma, Nepal, Sri Lanka y Vietnam).
2. Países con programas en biotecnología convencional, que estudian implantar técnicas recientes, pero que aún usan pocas biotecnologías modernas (Filipinas, Indonesia, Malasia,  Paquistán, Tailandia).
3. Países con política y programas nacionales en biotecnologías tradicionales pero que han establecido vínculos con países industrializados para la formación de científicos y la adquisición de nuevas tecnologías (ejemplos: India y China).
4. Países con una política y un programa nacional de investigación en biotecnologías modernas, complementado por fuertes vínculos con los sectores público y privado de países industrializados (ej.: República de Corea).

Según Sasson (1993, p. 26) el tránsito desde el nivel 1, donde se encuentran la mayor parte de los países en desarrollo, hacia los niveles superiores, debe realizarse con sumo cuidado, atendiendo a diversos factores:

	formación científica adaptada a las necesidades y capacidades del país;
	proyectos cuidadosamente seleccionados en función de las limitaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que se puedan ejercer sobre el sector agropecuario;
	adecuada inversión en investigación y desarrollo (I+D), incluyendo acceso rápido a la información científica y a las nuevas tecnologías;
	un sector industrial y de negocios emprendedor, con acceso adecuado a capital, y capaz de comercializar las innovaciones;
	un sistema de extensión agraria y participación de los agricultores para utilizar y difundir las nuevas tecnologías.

Se espera que la adecuada adopción de biotecnologías sirva para potenciar los programas de mejora tradicionales. De hecho, la existencia de tales programas, aprovechando los sistemas nacionales de I+D agronómica y universitaria es un prerrequisito para la "ascensión" dentro de la jerarquía a la que aludimos antes, por lo que se impone una adecuada financiación pública.
Aunque algunos países en desarrollo poseen ya un incipiente sector biotecnológico (semillas híbridas, técnicas de micropropagación, etc.) que nutre a sus mercados internos, la mayoría de ellos son deficitarios en las sofisticadas técnicas derivadas de la Biología Molecular. Pero incluso pequeños países sin infraestructura investigadora se podrían beneficiar de los avances biotecnológicos, (bajo la forma de nuevas semillas y otro material propagable) en la medida en que sean capaces de usar y diseminar este material. Ello no constituye problema con las semillas de cereales, pero incluso el manejo de plantas que se propagan vegetativamente se ha vuelto fácil mediante las técnicas de micropropagación, que logran plantas libres de patógenos.
De todas formas, el estado de la biotecnología varía mucho de unos países a otros. En África la situación es bastante deficiente. Pero otros países (India, China, Brasil, Egipto, Indonesia, Malasia) ya cuentan con programas propios de biotecnología enfocada adecuadamente a mejora vegetal de cosechas locales, y la mayoría ya emplean técnicas de marcadores moleculares que les serán muy útiles en la caracterización de su germoplasma y en el desarrollo racional de la mejora. Incluso existen auténticos centros de excelencia, como el IRRI de Filipinas (centrado en el arroz), el CIAT de Colombia o el ICGEB de Nueva Delhi (este último bajo la égida de la UNESCO, con un centro "hermano" en Trieste, Italia). Estos centros trabajan en estrecha colaboración con instituciones académicas del Primer Mundo y son capaces de incorporar y aplicar tecnologías de vanguardia.
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2.  Posibles impactos de la biotecnología global sobre el Tercer Mundo

Es difícil prever la evolución e impactos de la biotecnología en las economías de los países en vías de desarrollo. No es lo mismo la situación en Latinoamérica, con sociedades bastantes urbanizadas y en muchos casos con altos niveles de instrucción e intercambios comerciales, que los países africanos, con pocas infraestructuras y donde la abundante población rural realiza agricultura de subsistencia, o que los países recientemente industrializados que ya comienzan a entrar en los mercados biotecnológicos. En algunas zonas, el papel de las empresas privadas locales o transnacionales puede ser positivo, pero en otras el entramado empresarial es muy débil. Habrá que tener mucho cuidado para que la entrada de compañías extranjeras (centradas en alimentos para consumo de población urbana y para exportación) no desequilibre las perspectivas de aumentar la producción de alimentos básicos y baratos para la población rural. Un reto va a ser atraer la inversión pública y privada a esos cultivos de subsistencia, que no son atractivos para las grandes empresas, acostumbradas a centrarse (sobre todo en el mundo desarrollado) en mejora de productos y aumentos de beneficios.
Las principales preocupaciones de los científicos y líderes políticos del Tercer Mundo sobre las actuales tendencias globales de la biotecnología se pueden resumir así (Sasson, 1993, p. 29-30):

	¿Podrá la biotecnología ayudar a los campesinos pobres a incrementar su productividad?
	La capacidad de la biotecnología avanzada de generar productos de sustitución podría dañar al sector agropecuario y a la actividad exportadora de países en vías de desarrollo.
	Cuestiones de bioseguridad. de la ingeniería genética y temores a que se aproveche la menor capacidad reguladora y vigilante de países pobres para usarlos como campos de prueba de productos no aceptados por el público de los países ricos (resultado del síndrome NIMBY, "no en mi patio trasero").
	¿Cómo afectará la tendencia de los países avanzados a proteger germoplasma manipulado bajo patentes u otros derechos de propiedad intelectual? Se considera una injusticia que no exista un sistema para recompensar la centenaria labor de innovación y mejora tradicional surgida de los países en desarrollo, que han conservado una valiosa biodiversidad agronómica y silvestre.
	Necesidad de equilibrar la biotecnología dirigida por el mercado, característica de los países ricos, con una biotecnología dirigida a asegurar la seguridad alimentaria y la viabilidad ambiental a largo plazo de todos, ricos y pobres. Esto significa que se debe apoyar internacionalmente la investigación sobre cultivos de consumo y subsistencia de los países en desarrollo, por el bien del desarrollo humano y ecológicamente sostenible.

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3. La Investigación agro-biotecnológica en el Tercer Mundo

En otro artículo de esta web se describe brevemente el sistema internacional de investigación agronómica (CGIAR) responsable principal de la Revolución Verde en muchas áreas del Tercer Mundo. Desgraciadamente, desde hace 10 años se observa una preocupante tendencia al estancamiento de su financiación, cuando no un claro retroceso, de los centros internacionales de I+D agrícola.

	El filipino IRRI ha visto caer su presupuesto desde los $46.5 millones de 1990 a los $32.7 de 1997. El mexicano CIMMYT bajó desde $40.2 millones en 1988 a $28.4 en 1997. El ICRISAT arrastraba en 1997 un déficit de $ 4 millones. Muchos de estos centros están despidiendo a una proporción importante de su personal (hasta un tercio). El IRRI despidió a 550 trabajadores en 1997.
	Los recortes de ayuda internacional se han dejado notar severamente ($ 13 millones de recorte en 1992-93), especialmente la de los EE.UU., que dejaron de pagar $ 8 millones en 1992 y que redujeron su participación desde $ 48 millones en 1992 a sólo $ 26 millones en 1996. El Ministerio Alemán de Cooperación Económica también ha anunciado recortes para los próximos cuatro año. En el año 2000  Alemania reducirá su ayuda al CGIAR en $ 2.5 millones (anteriormente su contribución era  $ 17 millones). Afortunadamente, la Unión Europea, Japón y el Banco Mundial intentan enjugar estas pérdidas con una mayor aportación, pero la tendencia general es preocupante, porque están suponiendo un descenso en la investigación, y se teme por la continuidad de algunos centros de África.
	Por otro lado, el sistema del CGIAR está embarcado actualmente en lo que esperemos sea una crisis de crecimiento, es decir, un proceso de renovación institucional y de redefinición de sus objetivos y estrategias.

Los institutos del CGIAR tendrían que desarrollar sus propios programas de biotecnología para seguir en la vanguardia de la investigación agrícola tropical, y están llamados a desempeñar un papel puntero en la adecuada diseminación de la nueva biotecnología en los países en desarrollo, mediante los siguientes pasos:

	Cada centro debería tener capacidad técnica para observar, escoger y utilizar biotecnologías útiles para la mejora agrícola y ganadera.
	Se deberían explorar varias maneras de adquirir nuevas tecnologías tanto del sector público como del privado.
	El equipo investigador del centro debería verificar los logros que la nueva tecnología adquirida rinde en el país en desarrollo.
	Los experimentos con transgénesis deberían ensayarse en pequeños campos diseñados de conformidad con las directrices de bioseguridad.
	Diseminación de los conocimientos y variedades generados.

Los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola (NARS) también se enfrentan con problemas, como su a menudo pequeño tamaño, competencia con las universidades del país, pobres programas de licenciatura y falta de financiamiento.

Por otro lado, los países en desarrollo necesitan acceder a las modernas biotecnologías, sin olvidar que éstas se deben adaptar a las necesidades nacionales. Un reto será la mejora de cultivos de subsistencia descuidados por la investigación de los países ricos: ¿cómo encarar la tarea de la mejora genética de numerosas variedades adaptadas a entornos locales? Hay que tener en cuenta que donde más se necesitan los aumentos de producción es en los países más pobres, en los que buena parte de los alimentos vienen de la agricultura de subsistencia llevada por campesinos.

El capital humano es esencial: se necesitan investigadores y técnicos capaces de incorporar a sus países los nuevos conocimientos para su adaptación local. Desgraciadamente, la infraestructura investigadora es muy débil en la mayoría del Tercer Mundo, e incluso se está produciendo una lamentable "fuga de cerebros" hacia los países desarrollados. La comunidad internacional ha de apoyar sin descanso programas a largo plazo para el "despegue" y afianzamiento de las redes nacionales e internacionales de centros de I+D centrados en los problemas alimentarios de las naciones en desarrollo.

El tema se complica si pensamos que parte del germoplasma de partida para seguir la mejora se encuentra protegido por patentes u otras medidas por parte de multinacionales. Puesto que estas multinacionales, y en general la financiación privada buscan ganar dinero a corto plazo, y se han centrado en la ingeniería genética "fácil" de insertar uno o dos genes cada vez, queda claro que las perspectivas de continuar una investigación a largo plazo y de gran calidad está muy comprometida. A no ser que la comunidad internacional haga un esfuerzo serio, podríamos estar abocados a medio plazo a una severa limitación en la capacidad de producción de alimentos en las áreas más necesitadas.

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4.   Necesidad de cambios en la I+D agronómica de los países en vías de desarrollo

No basta estimular la investigación ligada a las necesidades de los países pobres: se requieren políticas sabias de desarrollo rural, infraestructuras y redes de comercialización, inversiones en educación y sanidad (especialmente para las mujeres), créditos baratos para los pequeños agricultores, regulación  y "juego  limpio" en las relaciones internacionales (véase el muy autorizado ensayo de Ismail Serageldin, presidente del CGIAR y vicepresidente de los Programas Especiales del Banco Mundial). Para Serageldin (1999) se necesitan dos tipos de cambios en el paradigma de investigación agronómica:

La I+D centrada en cultivos, que tanto éxito ha tenido en el pasado, ha de integrarse en un marco más amplio que incluya los siguientes factores: correcta gestión de los recursos naturales productividad y ganancias para los pequeños agricultores promoción de sinergias con otras actividades rurales (ganadería, silvicultura, alimentos para comercializar, acuicultura, etc.) gestión integrada de suelo, agua y nutrientes control integrado de plagas atención a las pérdidas pos-cosecha reconocimiento de las realidades socioeconómicas de los campesinos, atendiendo al papel principal de las mujeres como productoras en muchos países.

El segundo cambio se refiere a domeñar la actual revolución de la ingeniería genética para ponerla al servicio de los pobres y del medio ambiente. Como ya indicamos, esto ya comienza a ser técnicamente posible, mediante los marcadores de ADN, la genómica vegetal y ciertas aplicaciones de la transgénesis. Sin embargo este objetivo está en peligro, debido a problemas económicos de los países en desarrollo (menos inversión en investigación agrícola) y a la tendencia de las empresas biotecnológicas a proteger su germoplasma bajo patentes y otros derechos de propiedad intelectual (DPI). Recientes acuerdos internacionales sobre patentes, así como las conclusiones de la Ronda Uruguay del GATT que ha dado paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio), han conducido a una considerable ampliación de los derechos de los propietarios de patentes, restringiendo los privilegios y exenciones de agricultores y mejoradores tradicionales (esto último quedó fijado en la revisión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, UPOV). El dilema se puede describir de la siguiente manera: La iniciativa privada no invertirá en la nueva Agrobiotecnología si sus productos y procesos no están protegidos por patentes u otros DPI, puesto que de lo contrario, no recuperarían las gigantescas sumas de dinero ni podrían hacer negocio. Pero por otro lado, los centros públicos tanto internacionales (del CGIAR) como nacionales han sido en el pasado (y se espera que en el futuro) absolutamente esenciales para generar bienes públicos en los países en desarrollo. Si estos centros, por problemas financieros y por su difícil acceso al germoplasma protegido de la iniciativa privada, dejaran de ejercer adecuadamente su misión, se estaría creando una auténtica injusticia moral para las poblaciones más necesitadas del planeta. La situación es aún más hiriente si pensamos que estos centros son depositarios de la mayor parte del germoplasma, procedente de miles de experiencias "gratuitas" desarrolladas mayoritariamente por agricultores del Tercer Mundo, y que ese material ha estado disponible igualmente para las empresas. (El colmo de la desfachatez fue el reciente intento de una compañía australiana de patentar y exportar un linaje de garbanzo ligeramente modificado a partir de muestras de centros públicos). ¿Hay alguna manera de salir del peligroso atolladero?. Autoridades en la materia como Serageldin piensan que sí, si se logran rediseñar las relaciones entre las empresas privadas del Primer Mundo y la I+D pública dedicada al Tercer Mundo, y se reorientan ciertos dominios relativos a la propiedad intelectual: "Los bienes públicos deben estar disponibles para el público, y los bienes privados que están en camino de lograr bienes públicos deberían ser tratados de forma distinta a los bienes privados producidos por el sector privado en relación directa con el usuario final" (Serageldin, 1999, p. 389). Habría que establecer excepciones a la aplicación de los cánones de propiedad intelectual cuando el material correspondiente vaya a servir a los centros públicos como parte de sus programas de mejora que redundarán en bienes públicos para los países pobres. Hasta ahora ha habido algunos acuerdos bilaterales exitosos entre algunas multinacionales y ciertos países, que han permitido transferir tecnología que no va a competir en los mercados de esas empresas. Por ejemplo, la Monsanto ha llegado a acuerdos con los gobiernos de México y de Kenia para desarrollar plantas resistentes a virus. También hay ONGs filantrópicas que actúan como "intermediarios de buena voluntad" para permitir acuerdos semejantes (incluso Universidades como la de Rutgers y el Instituto Scripps han actuado como intermediarios entre las fuentes de biodiversidad y ciertas multinacionales). Sin embargo, hay que ir a un sistema más general que permita acuerdos y colaboraciones legalmente vinculantes para la transferencia de tecnología a estos países. Se precisan nuevos tipos de colaboración amplia con el sector privado, por los que se respeten los intereses propietarios y los mercados consolidados de las empresas, pero que estimulen la I+D pública agrobiotecnológica de los países en desarrollo. Esto conecta con el siguiente apartado.

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5.  Conexión entre la protección de la biodiversidad y las relaciones Norte-Sur

No es justo que pidamos a los países poseedores de la mayor biodiversidad (que suelen ser pobres) que la conserven (ahora que más falta nos hace a todos, pero sobre todo ahora que se necesita para los nuevos avances biotecnológicos), sin darles nada a cambio. La falta de recompensa a los esfuerzos de innovación agropecuaria y conservación de biodiversidad que desde hace generaciones vienen realizando los pequeños agricultores, especialmente de los países tropicales, están reclamando un nuevo sistema más equitativo. La lamentable ironía de la situación actual es que mientras se protegen mediante patentes las invenciones de los países ricos, no hay un mecanismo simétrico que premie de alguna forma a las comunidades y países que son el origen de la biodiversidad natural o doméstica de la que se beneficia principalmente el Norte desarrollado. La consecuencia de todo ello no puede ser más clara: seguiremos perdiendo la base biológica de nuestro sustento y profundizando la brecha Norte-Sur.

Es decir, como dice Emilio Muñoz (1998 b, p. 54), los recursos naturales genéticos adquieren valor económico y comercial estratégico y son el centro de una confluencia de intereses que confiere a la conservación de esos recursos una situación conflictiva entre los poseedores de esos recursos (generalmente países en desarrollo) y los usuarios de los mismos (investigadores y empresas del primer mundo).

En la Cumbre de la Tierra de Río (1992) el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) pretendió establecer las bases de un nuevo sistema más equitativo para el disfrute de dichos recursos. La idea consiste en conjugar el libre comercio de recursos genéticos, el intercambio de tecnologías y la justa compensación a los países donadores de germoplasma, lo que se espera redunde a su vez en desarrollo sostenible y preservación de los recursos vivos. El artículo 1 del CDB contiene los objetivos generales del Convenio: conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de los recursos genéticos y reparto equitativo de los beneficios resultantes. Los redactores del Convenio pretenden la integración del libre comercio de los recursos genéticos (artículo 15) con el intercambio de tecnologías (artículo 16) y la compensación justa por el acceso a los recursos biológicos de otros (artículo 19). Se espera que en los próximos años, hacia el entorno del 2000, la Conferencia de las Partes  llegue a un mecanismo consensuado que mejore el acceso a los recursos genéticos de los países tropicales, garantizándoles compensaciones justas.

Este acuerdo prometedor (si se desarrolla adecuadamente) ha sido ratificado por más de 160 países, pero no por los EE.UU., a pesar del apoyo inicial de la industria biotecnológica: a última hora, las suspicacias contra la regulación internacional relativa a la bioseguridad y las dudas sobre la protección de patentes biotecnológicas, junto con la mayoría republicana en el Congreso, hicieron que la prevista ratificación pasara al limbo (lo que da idea de por dónde van los tiros en la cooperación al desarrollo que últimamente despliega la superpotencia). Sin embargo...

(...) "el recurso al potencial genético como una palanca que actúa en el mercado mundial representa una poderosa atracción para los países en vías de desarrollo. Los científicos y las empresas de las sociedades avanzadas deben reconocer el valor de los recursos genéticos y de lo que éstos significan para los países en desarrollo. Con este reconocimiento, los científicos y la industria podrán superar una visión alicorta que les coloca en peligro de dejar pasar una oportunidad ganadora en una perspectiva global y estratégica de la investigación y el desarrollo tecnológico que persiga el futuro más solidario y prometedor respecto del medio ambiente" (E. Muñoz, 1998 b, p. 55).

Lo que hay que resolver pues es el marco que se crea para vincular equidad (compensaciones a los países en desarrollo) con acceso de los países ricos a los recursos de los países poseedores de esa biodiversidad. En resumidas cuentas, ¿cómo se paga a los países donantes de los recursos genéticos buscados por los países occidentales? A la espera de que se tome en serio la aplicación del CDB, podemos tomar nota de algunas experiencias e ideas sobre cómo repartir los beneficios de la biodiversidad de manera justa y equitativa:

	En 1991 se firmó un acuerdo entre la Merck y el Instituto de Biodiversidad (InBio) de Costa Rica: éste se comprometía a suministrar a la empresa muestras de insectos, plantas y microorganismos para su programa de bioprospección farmacéutica; a cambio, la multinacional transfirió al InBio más de un millón de dólares, amén de un porcentaje (entre 0.25 y 3%) sobre los royalties de los productos desarrollados a partir de las muestras. (Es probable, de todos modos, que ese porcentaje no haya sido especialmente generoso para el bello país centroamericano, habida cuenta de que un proyecto de bioprospección en el estadounidense Parque Nacional Yellowstone previó participación en un 10%). Quizá más interesante aún, la Merck suministró asistencia técnica y formación para ayudar a Costa Rica a montar infraestructuras biotecnológicas, y el InBio se comprometió a dedicar 10% del pago en efectivo y 50% de las participaciones en royalties para financiar el fondo del sistema de Parques Nacionales del país. Lo novedoso del acuerdo, era pues, que su misión es la conservación del patrimonio natural de una nación riquísima en biodiversidad.
	La Healing Forest Conservancy de Washington está desarrollando principios para que las empresas privadas compensen a los países que firmen acuerdos por el uso medicinal de su biodiversidad, independientemente de su origen.
	Son interesantes las experiencias de colaboración directa entre empresas y comunidades locales o grupos indígenas, ya que en principio se garantiza un retorno y gestión más inmediatos de sus beneficios a la población responsable y conocedora de los secretos de su propio patrimonio biológico. Este es el caso de acuerdos entre Shaman Pharmaceuticals y tribus indígenas, con el aliciente de que la empresa retorna compensaciones independientemente de que se originen productos rentables a corto o medio plazo. Los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron en 1993 un acuerdo de derechos de criadores de plantas en el que se considera igualmente la necesidad de que los beneficios reviertan directamente en las comunidades indígenas. En Filipinas, un decreto presidencial de 1995 establece que la bioprospección de recursos en terrenos indígenas debe contar con el consentimiento previo de las comunidades, y que debe prever pago en forma de participación en royalties y retornos directos a las poblaciones locales. En 1993 se firmó un acuerdo entre el Jardín Botánico de Nueva York y la Federación de tribus Awa de Ecuador que reconocía una serie de prerrogativas para esa etnia derivadas de la labor de recogida de muestras.

No todo es positivo en algunas de estas experiencias que ligan la bioprospección con la conservación de la biodiversidad y las compensaciones por su uso. El citado acuerdo entre la Merck y el InBio daba derechos exclusivos de explotación a esa multinacional, impidiendo la entrada de otros participantes. Igualmente el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. parece estar por la idea de que pague todo aquel que quiera explorar sur recursos. Aunque es comprensible esta postura, especialmente en el caso de los países en desarrollo (en la medida que en ellos es el obtener beneficios es uno de los pocos incentivos económicos que pueden tener para conservar sus zonas naturales), tal como se está desarrollando, a base de acuerdos exclusivos, va en contra del espíritu y la letra del Convenio de Biodiversidad de Río. La idea de esta cumbre no era fomentar acuerdos bilaterales que impidieran la entrada de otros agentes, sino el libre acceso a los recursos genéticos a cambio de justas compensaciones. Pero habría que proteger el trabajo sin intereses comerciales que tradicionalmente han desarrollado los científicos en las áreas naturales, trabajo que por lo demás sienta las bases para el conocimiento de la biodiversidad, sin el cual la ulterior explotación económica no podría avanzar.

Por otro lado, hay que cuidar la toma de medidas por parte de los países ricos en biodiversidad, para que puedan beneficiarse más. Concretamente, estas naciones deberían poner en marcha programas de catalogación y manejo de la biodiversidad, y no esperar a tomar decisiones en función de los intereses de las entidades bioprospectoras. Un área donde los países en desarrollo pueden participar sin grandes gastos es la catalogación electrónica: cualquier tipo de dato relevante (ecosistemas, diversidad de especies, usos de las mismas, conocimientos locales, etc.) puede integrarse en bases de datos relacionadas entre sí y vinculadas, vía Internet, con otras bases de datos repartidas por todo el mundo, lo que crea un caudal de conocimiento que de por sí tiene interés económico, independientemente de que luego pueda encontrarse alguna aplicación. Países como Costa Rica y México ya han emprendido decididos pasos en este sentido. Igualmente, hay que evitar la tendencia de estos países a centrarse demasiado en la transferencia inmediata de tecnología avanzada, y que concedan más valor a la formación de técnicos y científicos, y al establecimiento de instituciones adecuadas capaces de gestionar sus recursos.

Swanson, citado por Muñoz (1998 a, p. 32-34), propone algunas otras ideas de gran alcance: Que los gobiernos favorezcan políticas de seguros basadas en la preservación de la biodiversidad usada por la biotecnología. Modificación de las políticas que subvencionan los productos agrícolas, que conducen a la sobreexplotación. Incentivación internacional para que los países pobres adopten vías de desarrollo que preserven sus recursos. En este sentido, se habla de establecer un fondo mundial para respaldar la continuidad de la gestión local de los recursos vegetales (véaseTuxill, 1999, p. 217), como una manera de compensar por el histórico papel en la generación de biodiversidad cultivada. Según Swanson, existen tres posibles modos de adoptar políticas que aumenten los beneficios de esos países cuando invierten en diversidad: acuerdos internacionales de tipo franquicia que supongan subsidios directos a los países comprometidos con usos sostenibles de sus recursos vivos. Reformas del sistema internacional para el comercio de la vida silvestre que fluye entre hábitats distintos. Incidiendo en algo ya expresado más arriba, se podría establecer un sistema internacional análogo al de propiedad intelectual, por el que se incentivara la biodiversidad.

El sector privado está invirtiendo masivamente en la biotecnología agrícola debido a la protección por patentes de su material y a las expectativas (ya realidades en muchos casos) de desarrollar plantas transgénicas que se acomodan a su "filosofía" empresarial. (Un sitio para obtener datos sobre las magnitudes económicas de las empresas implicadas en biotecnología vegetal es AgBioForum). Sin embargo, sus ulteriores avances van a depender de la caracterización de nuevos genes útiles, por lo que estas mismas empresas están empezando a financiar estudios a más largo plazo sobre genómica vegetal. Esperemos que en el futuro, se establezca un clima de colaboración entre la necesaria investigación pública y la igualmente necesaria I+D privada. Incluso por cálculo egoísta, las grandes empresas del mundo desarrollado deberían ayudar a la adopción de nuevas técnicas en los países en desarrollo.

Según la FAO, el sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los objetivos de desarrollo, políticas y prioridades socioeconómicas de los distintos países, pero manteniendo al mismo tiempo la innovación y la aplicación de las nuevas biotecnologías. Los países en desarrollo que ya tengan economías más orientadas al mercado pueden estar más interesados en implantar un buen sistema de derechos de criadores de plantas (DCP), estimulando la inversión del sector privado y promoviendo la sana competencia y los vínculos entre el sector público y el privado. Los países del Tercer Mundo deben tener cuidado de que el sistema de DPI no restrinja el acceso ni el uso de los recursos genéticos, ni inhiba la promoción de la I+D, ni dañe el entramado socioeconómico.

Aunque ahora no obtengan allí muchos beneficios, las multinacionales deberían cuidar lo que pueden ser mercados estratégicos emergentes en un futuro. Algunas compañías multinacionales han iniciado programas de apoyo al Tercer Mundo.

	Monsanto está transfiriendo tecnología a Costa Rica (mejora de bananas, piña, café y palmas) y México (patatas).
	Pioneer Hi-Bred trabaja en colaboración con empresas de varios países para mejorar variedades locales de maíz, sorgo y girasol, y posee instalaciones de producción de semillas en varios países en desarrollo.
	El Servicio Internacional para la adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA) está financiado, aparte del 60% recibido por entidades filantrópicas, y del 30%  de agencias bilaterales, por un 10% de empresas biotecnológicas: Novartis, Agrevo, Pioneer y Monsanto.

En resumen: Aún queda casi todo por hacer, comenzando por establecer un sistema legal efectivo de ámbito internacional. En él habrá de responderse a importantes cuestiones prácticas: cómo compensar (condonaciones de deudas, participación en royalties, ayudas monetarias y financieras), a quién compensar (al país, a la región, a las comunidades indígenas, etc.). No menos importante es el tema de la transferencia tecnológica y la potenciación de la investigación y desarrollo de los países más pobres. ¿Será posible adaptar la sofisticada biotecnología occidental al servicio de las múltiples necesidades y contextos ecológicos y culturales de las comunidades en vías de desarrollo? En este sentido no se puede olvidar que cada comunidad es depositaria de una secular sabiduría y modo de vida de la que hay que partir, para aprovechar todo su potencial, de modo que sean las modernas técnicas las que se amolden a las condiciones locales, y no al revés.

Pero en última instancia, de lo que se trata es de algo más que simple cambio de "deuda por conservación" o "deuda por investigación"; ello constituiría un magro pago (para lavar la mala consciencia occidental) a las naciones que poseen la mayor parte de la biodiversidad. Se trataría más bien de crear nuevas relaciones (no meros contratos) en las que los países en desarrollo participen equitativamente en todos los programas biotecnológicos centrados en la biodiversidad, y en los que se asegure un disfrute sostenible de los recursos. Es decir, la clave estriba en la participación en el proceso, y no sólo en compartir algunos beneficios. Ejemplos de algunas de estas formas de participación más equitativa:

	Creación de instalaciones en los países suministradores de germoplasma para la recolección, caracterización, extracción y rastreo de biodiversidad potencialmente útil.
	Participación de científicos y técnicos locales en todas las fases del desarrollo de proyectos genoma.
	Fundación y financiación de centros internacionales de excelencia en los países preservadores de biodiversidad, dedicados a la producción de riqueza y bienestar mediante las aplicaciones biotecnológicas adaptadas a las necesidades locales.

La biotecnología puede ser una de las piezas en el complejo engranaje, aún por diseñar, de una agricultura sostenible. Pero el modo de pensamiento económico dominante puede ahogar los buenos augurios. Porque dicho pensamiento, convertido en una especie de dogma secular, no tiende a considerar la posibilidad de que los países ricos disminuyan su consumo de energía y de materias primas, o de que existan buenos motivos éticos para hacerlo. Federico Mayor, director general de la UNESCO lo ha expresado claramente: "A menos que distingamos entre desarrollo y crecimiento económico, perderemos el camino hacia el desarrollo sostenible". Las pretensiones de crecimiento de la economía actual están abocadas a provocar el colapso ambiental y social. La biosfera no podría sencillamente sustentar un consumo de materias primas y energía de fuentes tradicionales para todo el mundo al nivel actual de los países ricos. La conclusión es que si queremos estrechar el abismo entre países opulentos y países sumidos en la miseria, y garantizar los derechos de las futuras generaciones a un planeta habitable, la escala de la actividad económica de los ricos debe disminuir para permitir la subida de los países del Sur: necesitamos un paradigma económico no centrado en el crecimiento, sino en el desarrollo para todos de las necesidades y potencialidades humanas más profundas.