Constituciones de Canadá
El acuerdo del Lago Meech (en inglés Meech Lake Accord y en francés Accord du lac Meech) fue un pacto asociado a una serie de enmiendas a la Constitución de Canadá propuestas por el primer ministro Brian Mulroney y los primeros ministros de las diez provincias. Pretendía persuadir a Quebec para que apoyara la enmienda constitucional de 1982 (que no había firmado) y aumentar el apoyo a un federalismo en el que Quebec siguiese dentro de Canadá. Fue precisamente el rechazo al acuerdo lo que provocó un mayor apoyo almovimiento soberanista quebequense.
Introducción
En 1981 el primer ministro Pierre Trudeau logró llegar, tras una larga ronda de negociaciones, a un acuerdo para “repatriar” la Constitución. Este acuerdo constituyó la base de la Ley sobre la Constitución de 1982.
A pesar de que el acuerdo se convirtió en una ley que modificó a su vez a la Ley sobre la Norteamérica Británica, no contó con el apoyo de Quebec, donde el primer ministro provincial René Lévesque y la Asamblea Nacional de Quebec rechazaron ratificar la enmienda. La Corte Suprema de Canadá había dictaminado anteriormente, en la Sentencia sobre el Veto de Quebec, que esta provincia jamás había tenido derecho al veto constitucional y que ninguna provincia tampoco lo tuvo nunca. Se determinó asimismo que la Constitución se aplicaría a todas las provincias por igual, la ratificasen o no. Al final se dio la situación de que Quebec fue la única provincia que no apoyo el proceso de “repatriación”, por contraste al resto de premiers de las otras provincias.
La elección del progresista-conservador Brian Mulroney como primer ministro de Canadá durante el mandato del liberal Robert Bourassaen Quebec creó un nuevo clima más favorable al diálogo, hasta entonces imposible por las ideas irreconciliables de Trudeau y Lévesque. De este modo, Bourassa estableció cinco demandas clave para que Quebec “entrara” dentro de la Constitución.
El acuerdo
El acuerdo fue negociado en una reunión entre Mulroney y los primeros ministros provinciales en la Casa Willson, a las orillas del lago Meech, situado en las Colinas de Gatineau (cercanas a Ottawa). Dicha reunión tuvo lugar en 1987, y no contó con la presencia de los territorios que, a pesar de ser invitados en principio, fueron luego retirados del encuentro, pues Mulroney pensó que estos no tenían suficiente poder. Pudieron participar, sin embargo, vía videoconferencia.
En la reunión se determinaron cinco puntos clave para una reforma constitucional a la Carta Magna canadiense: reconocimiento de Quebec como una sociedad diferenciada; otorgamiento del derecho a veto constitucional a todas las provincias; aumento de las competencias provinciales en materia de inmigración; extensión y regulación del derecho a una compensación económica razonable para cualquier provincia que rechazara aplicar una medida a nivel federal si tenía competencias sobre la materia; y mayor poder provincial en la elección de senadores y jueces de la Corte Suprema.
Como el acuerdo, de ser aprobado, cambiaría la fórmula de reforma constitucional, debería obtener consentimiento de todas las provincias y del Gobierno federal en un plazo máximo de tres años. Brian Mulroney llamó a este proceso “ronda de conversaciones sobre la reforma constitucional con Quebec” y prometió reformas adicionales al acuerdo en sí.
La oposición apoyó, por lo general, el proyecto. El líder del Partido Liberal John Turner se vio en una situación difícil, pues la aprobación del acuerdo supondría un mayor apoyo al Partido Progresista-Conservador en Quebec (feudo liberal por excelencia hasta que Trudeau “repatrió” la Constitución, cosa que le ha costado a los liberales el no lograr mayorías en Quebec desde entonces) y la renuncia al ideal de federalismo formulado por el carismático ex-primer ministro y reconocida figura pública Pierre Trudeau. Más tarde respaldó el acuerdo, lo que provocó una profunda división en el seno liberal. El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, con su líder Ed Broadbent, también dio su visto bueno. El Partido Reformista, de corte populista y conservador, rechazó el pacto sobre la base de que violaba la igualdad de las provincias. Un punto importante fue el apoyo de la Corona (cosa excepcional), que se hizo presente cuando la reina Isabel II expresó los días 22 y 23 de octubre de 1987 su apoyo personal al acuerdo del Lago Meech, lo que le ganó las críticas de sus detractores.
Oposición
Cuando llegó el momento de debatir el acuerdo en la Asamblea Nacional de Quebec (último paso para acabar el proceso), el independentista Parti Québécois se opuso al mismo. El apoyo de los diez premiers provinciales implicó asimismo un respaldo mayoritario de los canadienses al acuerdo, según las encuestas iniciales; sin embargo, los resultados de esas mismas encuestas de junio de 1990 mostraban un rechazo absoluto del mismo. El descenso de apoyo se atribuyó al concepto de “sociedad distinta”, entendido por el Canadá anglófono como el reconocimiento de un “estatus especial” a Quebec. Al mismo tiempo, el uso por parte del primer ministro de Quebec Robert Bourassa de la Trigésimocuarta Enmienda de la Constitución canadiense (la llamada “cláusula derogatoria”, que permite el no cumplimiento de otras disposiciones en determinados casos) para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Canadá de declarar inconstitucionales partes de la Carta de la Lengua Francesa de Quebec (en concreto, las referidas a la rotulación en establecimientos) fue considerado como una provocación por muchos federalistas canadienses, sobre todo del Canadá anglófono (a pesar de ser una medida totalmente legal).
También fue muy controvertida la discusión sobre el reparto de competencias y su cesión a las provincias: Pierre Trudeau denunció esta parte del acuerdo como la “venta” de Mulroney a los intereses de las provincias. Trudeau argumentaba que el hecho de que Quebec fuese distinto no era de especial importancia, pues la provincia no era mucho más diferente que otras del país, y apostaba por un reparto claro de las competencias en un contexto totalmente federal. En un artículo de opinión, escribió que “la federación estaba pensada para durar unos mil años. Lamentablemente, solo se veía un problema de fondo: que el Gobierno de Canadá cayese en manos débiles. Ese momento ha llegado”. Algunos diputados liberales apoyaron esta visión y consideraron al ex-primer ministro su “líder espiritual”, criticando la decisión tomada por el líder grit John Turner de apoyar el acuerdo.
Por otro lado, el criticismo también englobaba la falta de transparencia del proyecto: la opinión pública veía el proceso como una reunión de “once tipos con traje y corbata” decidiendo el futuro de Canadá en un despacho a puerta cerrada.
Compromiso y negociación
A medida que se acababa el plazo, comenzó a romperse el consenso. La presión de los votantes puso a muchos primeros ministros, sobre todo del oeste de Canadá, contra las cuerdas. El apoyo o no al acuerdo se convirtió en materia electoral: en Nuevo Brunswick, la victoria liberal implicó la revocación del apoyo dado por el anterior gobierno conservador al acuerdo. Ocurrió lo mismo en Terranova.
Unos pocos meses antes de la fecha límite para llegar a un acuerdo, una comisión liderada por el ministro Jean Charest recomendó algunos cambios al mismo. Esto provocó el abandono del partido de múltiples figuras reconocidas, como Lucien Bouchard, que había servido en el gabinete Mulroney en diversos cargos de responsabilidad. Su unión con otros liberales desencantados desembocó en la creación del Bloc Québécois (representante del soberanismo quebequense a nivel federal).
El más presionado fue, supuestamente, Robert Bourassa. El acuerdo, que era el mínimo exigible de muestra del compromiso federal con Quebec para el 80% de la población, supondría una gran derrota para Bourassa si su contenido y alcance se redujeran.
La situación provocó una reunión de ministros el 3 de junio de 1990 (20 días antes del tope). Tras una semana de negociaciones, se acordó una ronda de conversaciones más antes de ratificar el acuerdo. Todos los primeros ministros, incluido el de Newfoundland, que defendió sin embargo un referéndum, estuvieron de acuerdo en firmar el “nuevo” pacto, que incluía el compromiso de reformar el Senado antes del 1 de julio de 1995. La cámara alta sería electa por voto popular en vez de por el primer ministro, tendría más influencia sobre la Cámara de los Comunes y sería más representativa, estableciendo un número de senadores por provincia de no llegar a acuerdo sobre la materia. El paquete de reformas incluía además un debate mucho más amplio (competencias provinciales para nombrar senadores, diálogo sobre temas relacionados con los aborígenes, regulación del proceso de creación de provincias y una nueva fórmula para enmendar la Constitución).
El primer ministro de Terranova, Clyde Wells, declaró a este respecto:
“Este proceso de reforma constitucional no debe ser seguido nunca más. Es imposible para once primeros ministros tomar unas decisiones tan importantes y que exigen tanta deliberación, y es más que injusto tener a un primer ministro que toma decisiones en secreto que afectan a tantas personas, sin decir a 26 millones de canadienses qué hay en juego y qué normas estamos siguiendo para cambiar todo”.
Nuevo Brunswick aceptó el nuevo acuerdo y su premier recorrió el país para anunciar su apoyo al proyecto.
En Manitoba, sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. A pesar de las constantes protestas indígenas, la asamblea legislativa de la provincia determinó aprobarlo. La decisión en la cámara debía ser unánime para evitar la vía de la consulta, y el cuórum se rompió cuando el diputado Elijah Harper levantó una pluma de águila para mostrar su oposición. Harper apoyaba el referéndum como manera de consultar a las Primeras Naciones, aisladas del proyecto.
A pesar de crear una ley para permitir que Manitoba tuviese más tiempo (tres meses y la posibilidad para Quebec de reconsiderar su decisión), Newfoundland determinó anular la votación que se iba a llevar a cabo en la Asamblea provincial, porque el resultado sería contrario al deseado. El acuerdo había muerto.
Consecuencias
La derrota del acuerdo se notó sobre todo en Quebec. En un discurso a la Asamblea Nacional de Quebec dado momentos después del fracaso del acuerdo, Bourassa expresó el sentimiento nacionalista del momento:
“...el Canadá inglés ha de entender que, haga lo que haga o diga lo que diga, Quebec es, hoy y siempre, una sociedad distinta que es libre y capaz de asumir el control de su destino y desarrollo”.
Este discurso y otras acciones de Bourassa dieron a los quebequenses la impresión de que los liberales estaban abiertos a todas las opciones, incluida la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Las encuestas en este momento mostraban una mayoría a favor de la soberanía-asociación. La consecuencia de esto fue la creación del llamado Informe Allaire y la promesa de celebrar un referéndum sobre la soberanía o sobre un nuevo acuerdo constitucional en 1992.
El primer ministro de Ontario, el conservador-progresista David Peterson, había sido una figura clave a la hora de crear el acuerdo y continuó apoyándolo a pesar de la creciente oposición. Esto provocaría inquietud en su propia provincia. A pesar de que los medios de comunicación no hicieron mucho hincapié en la relación de Peterson con el acuerdo, el gobierno federal estaba lidiando directamente con las consecuencias de no aprobarlo. Por tanto, y con este tema por bandera, el electorado, convocado por él mismo en 1990, lo derrotó y eligió por primera vez al candidato del NDP Bob Rae.
La popularidad de Mulroney se desplomó. La manera de manejar el acuerdo fue muy criticada y los exhaustivos e interminables debates sobre el tema desembocaron en una total incertidumbre en el tema de la reforma constitucional.
En noviembre de 1990, Mulroney decidió contar con la voluntad de los canadienses a través de la convocatoria del Foro de los Ciudadanos sobre la Unidad Nacional. Este foro es más conocido como la Comisión Spicer, pues su líder era Keith Spicer.
Tras una serie de conferencias constitucionales y gracias a los esfuerzos del ex-primer ministro Joe Clark, se logró llegar a un nuevo acuerdo, el acuerdo de Charlottetown, que incluía, aparte del paquete de reformas constitucionales, la intención de dialogar sobre el problema étnico con las Primeras Naciones. Este último acuerdo fue sometido a referéndum, con una mayoría en contra en casi todas las provincias, incluyendo Quebec.
La Constitución de Canadá es la suprema ley a la constitución del Estado de Canadá y es una amalgama de actas codificadas y tradicionesincodificadas y convenciones. Esta determina la líneas de acción del sistema de gobierno de Canadá así como los derechos civiles de los ciudadanos canadienses.
La composición de la Constitución de Canadá está definida en la sección 52 (2) del Acta constitucional de Canadá de 1982 como "Acta de Canadá de 1982" y todas las enmiendas hechas a este documento. Efectivamente, esto incluye toda la legislación británica que confirma o modifica el Acta de la Norteamérica británica.1 En conjunto, todos esos documentos son llamados "Actas constitucionales 1867-1982". LaCorte Suprema de Canadá asegura que la lista no es exhaustiva y que esta incluye doctrinas no escritas también.2 Sin embargo, casi toda lajurisprudencia constitucional se enfoca en el Acta constitucional de 1867, el Acta constitucional de 1982 que incluye el Capítulo canadiense sobre derechos y libertades y la llamada constitución no escrita.
Historia de la Constitución
La primera semblanza para una constitución de Canadá fue la Proclamación real de 1763. El acta renominó Canadá "Provincia de Quebec" y redifinió sus fronteras estableciendo un gobierno colonial británico. La proclamación fue considerada de facto "Constitución de Quebec" hasta 1774 que establecía demasiados procedimientos de gobierno en el área de Quebec. Esta extendió las fronteras y adoptó el código penal británico entre otras cosas.
La colonia de Canadá recibió su primera constitución completa en el Acta constitucional de 1791 la cual estableció gran parte de la composición del sistema de gobierno. Este primer documento fue posteriormente superado por elActa de la Norteamérica británica de 1867 que creó el Dominio de Canadá.
En 1931 el Parlamento británico pasó el Estatuto de Westminster.3 Dicho estatuto dio a todos los territorios del país autoridad legislativa equitativa con elReino Unido. Fue el primer paso que abriría las posibilidades al Acta de Canadá de 19824 que dio los restantes elementos de autoridad legislativa retenidos porGran Bretaña a Canadá. Dicho acto es usualmente denominado como la "nacionalización" (en inglés "patriation") de la constitución y su mayor mérito descansa en Pierre Elliott Trudeau, Primer Ministro de Canadá en ese tiempo.
Con la introducción del Acta de Canadá y el Capítulo que lo acompaña, gran parte de las leyes constitucionales de Canadá cambiaron. El Acta de Canadá ha acogido numerosas convenciones constitucionales y hecho enmiendas significativas a los puntos de más difícil interpretación. El Capítulo ha centrado la Constitución en los derechos individuales y colectivos de los canadienses. Antes del establecimiento del Capítulo canadiense sobre derechos y libertades de 1982, derechos civiles y libertades no tenían en Canadá una solidez constitucional. Cuando algún estamento del gobierno presentaba una ley que pareciese opresiva a los derechos civiles y libertades ciudadanas, los abogados legislativos canadienses tenían que argüir de manera creativa como que dicha ley violaba divisiones federales o provinciales o citar casos técnicos que nada tenían que ver con el concepto de derechos civiles y libertades. Desde 1982, sin embargo, el Capítulo llegó a ser el documento más citado de la Constitución nacional y por lo tanto ha fortalecido la protección de los derechos de los ciudadanos canadienses.
Acta constitucional de 1867
Esta acta del Parlamento Británico, originalmente llamada Acta de la Norteamérica británica de 1867, creó el Dominio de Canadá de las tres provincias separadas de la Norteamérica británica y permitió que otras provincias y colonias pudieran unirse en el futuro. Esta acta fue la que determinó las características del sistema de gobierno canadiense, el cual combina el modelo británico de Westminster de un gobierno parlamentario con división de poderes (federalismo canadiense). Aunque es tan sólo una de las numerosas actas constitucionales de Canadá, este documento permanece en sí el más importante y fundamental para entender la Confederación canadiense (por ejemplo la unión de provincias y colonias de la Norteamérica británica). Con la nacionalización de la constitución en 1982, esta acta fue renominada "Acta constitucional de 1867". En años recientes, esta acta sirvió como base cuando fue analizada la división de poderes entre las provincias y el gobierno federal.
Acta constitucional de 1982
Asumida por todas las provincias excepto Quebec, esta acta del Parlamento de Canadá determinó completa independencia del mando británico. La Parte V del acta creó la fórmula de una enmienda constitucional en la cual no se requiere de un acta del Parlamento Británico. Más adelante la Parte I del acta es conocida como el Capítulo canadiense sobre derechos y libertades el cual determina claramente los derechos de los ciudadanos canadienses tales como la libertad de expresión, la religión y el libre desplazamiento. La Parte II trata de las comunidades indígenas canadienses y sus derechos.
Capítulo canadiense de los derechos y libertades
Como se anotó arriba, este corresponde a la Parte I del acta constitucional de 1982. El Capítulo es la garantía constitucional del colectivo y de los derechos individuales. Este es relativamente un documento breve y escrito en un lenguaje simple con el objetivo de asegurar su accesibilidad al común de las gentes. Se asegura que esta parte de la constitución es la que mayor impacto ha tenido en la sociedad canadiense contemporánea y el más importante punto constitucional en el desarrollo legislativo del país.
Fórmula de enmienda
Con el acta constitucional de 1982, se tuvo que realizar todo un proceso de enmienda constitucional en acuerdo con la Parte V de la misma constitución que proveía cinco fórmulas de enmienda. Las propuestas de enmiendas pueden ser adelantadas según los indicativos de la sección 46 (1) por cualquier provincias o cualquier estamento del gobierno federal. La fórmula general está expresada en la sección 38 (1), conocida como la "fórmula 7/50" y requiere:
- Pasar tanto por la Cámara de los Comunes y el Senado.
- Aprobación de las dos terceras partes de las legislaturas provinciales (al menos siete provincias), representando así el 50% de la población nacional (en efecto, esto debe incluir Quebec u Ontario, que son las provincias más pobladas).
Esta fórmula especialmente aplica enmiendas relacionadas a la proporción en el Parlamento, poderes, selecciones y composiciones del Senado, la Suprema Corte y las adiciones de las provincias y territorios:
- En el caso de enmiendas relacionadas con la Oficina de la Reina, el número de senadores, el uso sea del idioma oficial (sujeto a la sección 43) o la composición de la Corte Suprema, la enmienda debe ser adoptada por unanimidad de consenso en todas las provincias en acuerdo con la sección 41.
- Sin embargo, en el caso de enmiendas relacionados con los límites de las provincias o el uso de cualquier idioma oficial del interés de la provincia en particular, la enmienda debe pasar por la legislatura provincial afectada según la sección 43.
- En el caso de una enmienda que afecte al gobierno federal solamente, la enmienda no necesita la aprobación de las provincias según lo establecido en la sección 44. Lo mismo aplica a las enmiendas que afectan los gobiernos provinciales solamente según sección 45.
Fuentes de la constitución
Fuentes no escritas
La existencia de una constitución no escrita fue reafirmada por la Corte Suprema en su Referencia de Secesión de Quebec.
La Constitución es más que un texto escrito. Ésta abarca todo el sistema global de reglamentos y principios que gobiernan la autoridad del ejercicio constitucional. Una lectura superficial de fragmentos seleccionados de la establecida constitución escrita, sin más, puede llevar a equívocos.
En práctica, existen tres fuentes de la ley constitucional:
Convenciones: La Convención constitucional forma parte de la constitución, pero no son legalmente imputables. Incluyen la existencia del primer ministro y su gabinete, el hecho de que el gobernador general debe dar asentamiento a notas y el requerimiento de que el primer ministro debe llamar a elecciones si pierde el voto de confianza.
Prerogativas reales: Reserva poderes a la Corona canadiense, que no es otra cosa que aquellos elementos de poder una vez tenido por la Corona británica reducida por el sistema parlamentario. Particularmente, estos serían cosas como órdenes de consejo que dan al gobierno la autoridad de declarar guerra, concluir tratados internacionales, expedir pasaportes, hacer citas, elaborar regulaciones e incorporar y recibir tierras.
Principios no escritos: Los principios que fueron incorporados dentro de la Constitución de Canadá por referencia del preámbulo del acta constitucional de 1867. A diferencia de las convenciones, estos son de obligatorio cumplimiento. Entre estos principios constituciones cuentan como los más vitales e importantes el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y el reglamento de la ley, el respeto por las minorías.5 Otros principios incluyen las responsabilidades de gobierno, la independencia judicial y los derechos. En un caso, la referencia provincial de jueces (1997), se encontró que una ley escrita puede encontrase inválida si contradice un principio no escrito, como en este caso de la independencia judicial.
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